En Colombia, la minería legal resulta ser un beneficio para el medio ambiente y las comunidades tradicionales

Publicado originalmente por Mongabay News.

En el departamento colombiano del Chocó, conocido por los ecologistas por su abundante biodiversidad, las comunidades afrocolombianas recogen oro de los ríos como parte de un modo de vida ancestral.

"Cuando hablamos de unidades familiares productivas aquí, la minería es una de esas actividades", dijo Heyler Serbando Moreno Palacios, minero tradicional radicado en el Chocó y representante legal del consejo local del Alto San Juan, una comunidad afrocolombiana, llamada Asocasan.

La minería aquí no tiene un enfoque extractivo, dijo Moreno Palacios, ya que los miembros de la comunidad no dedican todo su tiempo a la actividad; también pescan, cazan, y cultivan cosechas de subsistencia, o pancoger, como maíz, yuca y plátano.

Como muestra del bajo impacto ambiental de este tipo de minería y de su importancia cultural para las comunidades afrocolombianas e indígenas, la Constitución de Colombia de 1991 sienta las bases legislativas para que se establezcan disposiciones especiales para la minería artesanal y no mecánica en los territorios gobernados por estas comunidades étnicas.

Sin embargo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) informa que en 2020, el 41% de la minería de oro aluvial de Colombia -extracción de los cauces de los ríos o arroyos- se realizó en territorios afrocolombianos con maquinaria pesada. Esto genera un enorme daño ambiental, incluyendo la deforestación, y especialmente cuando se combina con el uso de mercurio, que está prohibido en el país desde 2018.

En Colombia, el comercio ilegal de oro es más rentable que la más conocida industria de la cocaína; la Defensoría del Pueblo del país informa de que los grupos armados ilegales utilizan la minería ilegal para financiar sus actividades, cometiendo a menudo violaciones de los derechos humanos en el proceso.

Pero la minería que no cumple los requisitos para ser legal, a menudo porque la operación minera no se ha formalizado, no es necesariamente minería criminal, que se utiliza para financiar actividades delictivas.

La formalización en Colombia significa que un minero cumple con todos los requisitos legales, técnicos, ambientales, económicos, sociales y laborales para ser reconocido como legal. Sin embargo, para los pequeños mineros, el proceso de formalización es extremadamente oneroso y costoso, lo que lleva a la mayoría a explotar minas de forma ilegal.

Los requisitos ambientales y técnicos del gobierno colombiano para operar legalmente son indiferenciados en cuanto al tipo, tamaño y ubicación de la mina, lo que significa que para operar legalmente, un pequeño minero como Moreno Palacios necesita cumplir las mismas normas que una gran empresa minera multinacional.

Moreno Palacios y 57 familias mineras de su comunidad intentan formalizarse desde 2015, sin embargo, aún no tienen sus títulos mineros porque no han recibido la aprobación ambiental de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

"Ha sido un largo camino para nosotros", dijo Moreno Palacios. "Ha sido agotador y ha dejado a muchos mineros desmotivados, pero seguimos intentándolo".

La situación a la que se enfrentan Moreno Palacios y su comunidad forma parte de una tendencia más amplia en el Chocó, donde se calcula que hay 50.000 pequeños mineros de oro. Un informe de 2020 de Germanwatch, una ONG alemana de medio ambiente y desarrollo sostenible, señaló que casi ninguno de los pequeños mineros del Chocó tiene títulos de minería. Esto ha llevado a que los derechos mineros en territorios indígenas y afrocolombianos sean entregados por el gobierno a multinacionales como AngloGold Ashanti.

El hecho de no estar formalizados también significa que mineros como Moreno Palacios no pueden abrir cuentas bancarias y que tienen que vender a intermediarios a precios hasta un 40% inferiores al precio internacional del oro, según Conalminercol, la confederación nacional de mineros informales de Colombia. Y como se trata de ventas en el mercado negro, el dinero puede utilizarse para financiar actividades delictivas y blanquear los fondos obtenidos ilícitamente.

"La frustración es que hay que cumplir con todos los requisitos, pero luego no se vende el oro a un precio justo", dijo Moreno Palacios.

Cooperación internacional y formalización

Para hacer frente a algunos de los retos a los que se enfrentan los pequeños mineros, grupos suizos y estadounidenses están llevando a cabo proyectos en Colombia que pretenden utilizar la formalización para mejorar los ingresos de los pequeños mineros, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente.

Lainiciativasuiza "Better Gold" pretende incentivar la formalización de los pequeños mineros de oro pagándoles una prima por producir un oro "responsable" que cumpla 14 criterios sociales y medioambientales, entre ellos la no utilización de mercurio. La iniciativa también pone en contacto a los mineros participantes con las partes interesadas en el comercio internacional de oro, desde bancos y refinerías hasta fabricantes de relojes y joyas de lujo como Chopard y Cartier.

Thomas Hentschel, director mundial de la Iniciativa "Better Gold", explicó a Mongabay que la iniciativa pretende eliminar a los intermediarios y garantizar que los mineros participantes de Colombia, Bolivia y Perú se beneficien de una prima de un dólar por gramo sobre el precio que reciben en el mercado internacional. Esta prima se reinvierte en asistencia técnica para los mineros, así como en proyectos sociales y medioambientales en las comunidades de acogida.

En el Chocó, la Iniciativa Better Gold trabaja con unos 1.400 mineros que producen más de 600 kilogramos (21.200 onzas) de oro responsable al año, por valor de más de 30 millones de dólares, dijo Hentschel. Añadió que la iniciativa pretende ampliarse para trabajar con 3.000 mineros de oro en el Chocó y exportar alrededor de 1 tonelada métrica (35.300 onzas) de oro responsable al año.

El programa Oro Legal del gobierno de Estados Unidos se desarrolló entre septiembre de 2015 y marzo de 2021 y reportó la legalización y formalización de 146 proyectos mineros de pequeña escala que generaron más de 194 millones de dólares en ventas legales de oro. Esto luego llevó a que el gobierno colombiano recibiera casi 14,4 millones de dólares en regalías, impuestos y pagos a la seguridad social.

Además, el programa informa que a través de sus intervenciones evitó que se utilizaran 70 toneladas métricas de mercurio y rehabilitó aproximadamente 17.000 hectáreas de tierras exmineras degradadas, lo que equivale a cerca del 18% de toda la tierra deforestada por la minería ilícita de oro en Colombia desde 2016.

Oro Legal también creó CORCRESER, o la Corporación de Centros Regionales de Servicios, para construir y gestionar centros de servicios que ayuden a los mineros no sólo en el proceso de formalización, sino en la formación en áreas como las normas empresariales y medioambientales. Además, proporciona equipos e instalaciones de laboratorio para analizar y procesar el oro.

Beatriz Duque, directora ejecutiva de CORCRESER, trabajó durante 12 años en el Ministerio de Minas y Energía, últimamente como directora de minas, responsable de las políticas mineras de Colombia. Dijo a Mongabay que los servicios que presta CORCRESER ayudan a garantizar que el oro producido por los pequeños mineros pueda ser rastreado hasta su origen, asegurando que ha sido producido legalmente y de forma respetuosa con el medio ambiente.

Dijo que los mineros pueden entonces conectarse a los mercados formales, evitando así a los intermediarios, y asegurando que reciben un precio justo por su oro. CORCRESER funciona ahora de forma independiente, con el primer centro de servicios abierto en 2021 en el municipio de Tadó, Chocó, donde se encuentra Moreno Palacios.

El camino a seguir

La Universidad de los Andes de Colombia publicó en 2020 una investigación en la que se revisaba la literatura académica sobre la minería artesanal y de pequeña escala, y las estrategias para su formalización y diferenciación de la minería ilegal. La investigación subrayó que una cuestión central es ofrecer mejores incentivos para la formalización y que el gobierno debe diseñar un proceso de formalización menos burocrático.

El informe también reflexiona sobre la necesidad de realizar evaluaciones sistemáticas y empíricas de los programas de formalización que se han implementado en el Sur Global. También recomienda una agenda de investigación que diferencie la minería ilegal de la informal y, en consecuencia, promueva el diseño de políticas de intervención diferenciadas, para la minería ilegal con un componente de seguridad y para la minería informal en términos de desarrollo rural.

"Cuando se hace minería, se trata de un recurso finito y cada día es más escaso", dijo Moreno Palacios. "Queremos una minería responsable, pero también sostenible en todos los aspectos, tanto ambientales como económicos".